Castilla y León no tiene una capital oficial establecida en su Estatuto de Autonomía. Aunque la ciudad de Valladolid es la más poblada y acoge las principales sedes de la comunidad autónoma, como las Cortes, la Presidencia y la Junta, no se le ha reconocido legalmente como capital. La distribución de otras instituciones en diferentes provincias refleja la decisión de no designar una capital única para equilibrar las influencias regionales y evitar tensiones políticas internas.