El desafuero es un procedimiento jurídico mediante el cual se suspende la inmunidad que protege a ciertos funcionarios públicos, como legisladores, magistrados u otros con fuero legal, para que puedan ser procesados penal o administrativamente como cualquier ciudadano común. No se trata de una pérdida definitiva, sino de una autorización para investigar y juzgar a un funcionario que normalmente tiene protección frente a procesos legales sin autorización del órgano legislativo correspondiente. Este procedimiento busca un equilibrio entre la autonomía de los poderes del Estado y el sometimiento de todos al imperio de la ley, evitando la impunidad y permitiendo que los funcionarios puedan responder ante la justicia si cometen delitos. El desafuero se aplica comúnmente a políticos y servidores públicos y requiere generalmente una mayoría calificada para aprobarse. En algunas legislaturas, el desafuero también implica la pérdida de derechos políticos, aunque puede variar según la normativa de cada país.
En resumen, el desafuero significa quitarle a un funcionario público su privilegio de inmunidad para poder ser juzgado como cualquier ciudadano, especialmente en casos de delitos o faltas cometidas durante su mandato.
